Es particularmente notable la tendencia del gobierno mexicano a adjudicar directamente contratos en lugar de abrir una licitación como lo dicta la ley. Esta práctica es mayormente evidenciada en el sector salud, donde cerca del 80% de los contratos se adjudican de manera directa. La última adjudicación directa de la que se tuvo conocimiento fue una en la que el Instituto de Salud para el Bienestar -Insabi- adquirió insumos y servicios integrados para atenciones de tipo cardiológico.
Este proceso que inició con una licitación y terminó en una adjudicación directa buscaba proveedores de atención específicamente para intervenciones de infarto agudo al miocardio. Pese a que se presentaron ocho oferentes, el Insabi adjudicó el contrato a una empresa recientemente creada que ni siquiera presentó la mejor oferta, lo que provocó malestar en los demás participantes de la licitación.
Artículo relacionado: El gasto del Insabi cayó exponencialmente en 2022
En una primera convocatoria abierta el 8 de marzo de este año, el Insabi aseguró que la empresa elegida tendría que atender todos los casos de infarto agudo al miocardio para la población sin seguridad social; el contrato tendría además una duración de tres años, es decir hasta el 2024.
No obstante, en una segunda convocatoria, las condiciones cambiaron y se acotó que el contrato solo tendría la duración del año en curso, es decir hasta que finalizara el 2022 y también se redujo la cobertura, ya que el proveedor solo debía prestar sus servicios a 34 unidades médicas de los siguientes estados: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
También puede leer: Decreto 617 de 2022: Habrá revisoría fiscal para la ADRES
Durante la licitación el proceso fue transparente y se publicaron las ocho ofertas de los oferentes, algunos de ellos eran empresas de gran trayectoria que presentaron propuestas robustas y bien sustentadas, sin embargo los precios variaban: Distem (ofertando a $545 millones), Medsten ($661.92 millones), Sima ($679.44 millones), Adaca ($724.77 millones), MSM (773.29 millones), Medco ($774.04 millones), ICS ($774.30 millones) y Vensi ($859 millones).
¿Qué pasó entonces con el proceso de licitación del contrato?
Extrañamente a la mitad del proceso de licitación, el Insabi declaró que la licitación estaba desierta descalificando a todos los oferentes por aparentes fallas administrativas.
Artículo exclusivo: Terapias génicas: retos y soluciones de nueva generación
Pero lo que más llama la atención es que el instituto posteriormente adjudicó de manera directa el contrato a la empresa Adaca, aún cuando su oferta no está en línea con la política de austeridad de AMLO. De hecho su oferta está por encima de los $720 mil millones.
La elección tampoco se inclinó por trayectoria, ya que otros proveedores tenían marcas más posicionadas; por ejemplo Distem (Dispositivos y Tecnología Médica que ofertó en participación conjunta con Cardio Safe) que daba la oferta más económica, es líder en hemodinamia en el sector privado y lleva más de 6 años dando servicio a aseguradoras y hospitales.
En contraste, Adaca es una empresa de ciudad Juárez cuyo antecedente más reconocido en el sector fue que en enero de este mismo año ganó una subrogación de servicios de salud municipales. Inclusive la noticia en Ciudad Juárez no fue bien aceptada ya que la tacharon de empresa fantasma. Llama la atención que la página web de la compañía se haya creado este mismo año.
También puede leer: Lo que John Milton Rodríguez propone para el sector salud – #EleccionesEnSalud
Finalmente, los oferentes y algunos veedores ciudadanos han pedido que el instituto aclare las razones por las que decidieron finalmente adjudicar el contrato a la empresa con menos experiencia y con precio elevado.
