En carta enviada al Presidente Juan Manuel Santos, el pasado 31 de julio la Gran Junta Médica manifiesta su preocupación por la situación actual del sistema de salud, y le recrimina algunas medidas que se han tomado desde el Gobierno Nacional en los últimos días, que consideran “fortalecen y perpetúan el fracasado modelo de la intermediación y el negocio de la salud”.
La carta está firmada por los presidentes de la Federación Médica Colombiana, la Academia Nacional de Medicina, Asociación colombiana de Sociedades Científicas, Asociación Médica Sindical Colombiana (ASDEMAS), Colegio Médico Colombiano y Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR).
Allí le recuerdan al presidente sus palabras pronunciadas en la sanción de la Ley estatutaria como un hecho histórico, siendo la primera vez que en Colombia la salud es un derecho fundamental. Sin embargo, manifiestan su preocupación al no verla cumplida y creen que Colombia está sufriendo la “crisis más profunda de su historia en el sector salud”.
“Se causa daño a los pacientes y se causa daño a la medicina como profesión y como ciencia. Se ha llevado a la ruina a los hospitales, en particular a la red pública” puntualizan en el comunicado. Además, manifiestan que este problema es estructural y no coyuntural, en donde la prioridad para llegar a una solución debe ser el pago de las deudas a los prestadores y trabajadores.
Por eso, consideran desacertado el Decreto 2705 de 2014, que le amplia por otros siete años el plazo a las EPS para que cumplan los requisitos de habilitación. Sumado a los requisitos de afiliación que se le exigen a los residente, que los obliga a afiliarse nuevamente a la EPS para acceder al derecho a la salud.
“Desconociendo el principio de universalidad de los derecho humanos, ligando el acceso de servicios de salud a la capacidad de pago de la población y generando una serie de mecanismos que favorecen la negociación de servicios de salud” afirman.
Critican la medida tomada en el Plan Nacional de Desarrollo, en la que se modifica la destinación de los recursos parafiscales de la Cajas de Compensación Familiar destinados a la promoción y prevención y refinanciación de las EPS. Decisión que, para ellos, usurpa la jerarquía legal, al ser reglamentada en una ley de carácter ordinario.
Finalmente, le insisten al Presidente que según lo ordena la Ley Estatutaria, se haga ampliación de la autonomía médica en los términos allí consagrados, “al reconocer la idoneidad del médico para definir la prescripción de manera autorregulada y sin la injerencia de un intermediario autorizador” arguyen.
Reiterándole nuevamente al Presidente Santos su gran interés y disposición al diálogo para resolver esta situación, y garantizarle los ciudadanos el goce efectivo al derecho fundamental de la salud.
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