Fallo de la CGR genera un precedente grave para el sistema de salud: Exsupersalud Gustavo Morales

El exsuperintendente de Salud, Gustavo Morales Cobo, aseguró que el fallo de la Contraloría en el caso de Saludcoop 'genera un precedente grave, para el sistema de salud, y para todos los sectores de la economía'.
Exsupersalud Gustavo Morales Cobo se refiere a fallo de la CGR
[favorite_button]
Comentar

El exsuperintendente de Salud, Gustavo Morales Cobo, aseguró que el fallo de la Contraloría General de la República, en el que halló responsabilidad fiscal de $91.133 millones por la desviación de recursos en la intervención de EPS Saludcoop de los que él es responsable de poco más de $21 mil millones, “genera un precedente grave, para el sistema de salud, y para todos los sectores de la economía”.

También le puede interesar: Emiten fallo con responsabilidad fiscal por más de $91 mil millones por caso Saludcoop.

En ese sentido, Morales, quien estuvo en la Supersalud de octubre de 2012 y octubre de 2014, aseguró que el fallo genera un grave precedente en tres sentidos:

  • Establece que un Superintendente está facultado para ordenar unilateralmente el incumplimiento de contratos que ningún juez ha declarado nulos o ilegales y que si no ordena dicho incumplimiento, es fiscalmente responsable.
  • Promueve que las Superintendencias ordenen de manera unilateral e inmediata el incumplimiento de obligaciones de empresas privadas para con el sector financiero, y
  • Hace a los superintendentes responsables como gestores fiscales de las decisiones de sus vigilados.

¿Qué dice el Exsupersalud sobre el fallo?

A Gustavo Morales se le atribuyó una conducta gravemente culposa por no emitir órdenes y actuaciones inmediatas para evitar los desvíos de dineros del SGSS que eran de su conocimiento.

Ante lo estipulado en el fallo, el exsuperintendente indicó: “el fallo me condena como responsable por culpa grave (no por dolo) por haberle causado un supuesto detrimento patrimonial al Estado, por no haber ordenado a una EPS cesar los pagos al Banco de Colombia y al Banco de Occidente, por obligaciones financieras contraídas años antes de que yo me hubiese posesionado en el cargo”.

En ese sentido, Morales precisó que dichas obligaciones financieras fueron contraídas por la EPS para adquirir equipos médicos y desarrollo de infraestructura.

Teniendo en cuenta eso, explica el exsupersalud, a juicio de la Contraloría, le está prohibido a una EPS realizar esas actividades, y por lo tanto, cumplir las obligaciones financieras adquiridas con esa finalidad constituye desviación de recursos.

“Como superintendente, dice el organismo de control, debí haber llegado a la misma conclusión, y debí, en consecuencia, haber procedido a ordenar de manera inmediata y unilateral la cesación de esos pagos. El no haberlo hecho me hace entonces fiscalmente responsable”, explicó Morales en una misiva.

“La decisión es equivocada en múltiples sentidos”, Exsupersalud

Gustavo Morales consideró la decisión de la Contraloría General de la República equivocada por cuatro aspectos:

Primer agumento

En primer lugar, Morales explicó que los equipos e infraestructuras adquiridos gracias a esos contratos de leasing financiero se pusieron al servicio de los usuarios.

“De hecho, aún se encuentran bajo la custodia de quien hoy en día maneja la liquidación de esa EPS, es decir, hacen parte del universo de activos en el sector salud y al servicio de sus afiliados. Hablar de ‘desviación de recursos de la salud’ en este caso carece de sentido, la mayoría de los equipos y la infraestructura prestaron o prestan los servicios de salud que les son propios”, indica el exfuncionario.

Segundo argumento

En segundo lugar, Morales señala que la Contraloría basa su argumento y fallo en una norma que no existe, “no hay una norma (ley, decreto o resolución) que impida la inversión en equipos o infraestructura por parte de una EPS. Incluso, vale la pena mencionar que si existiera dicha norma, ésta carecería de sentido, el sistema de salud por el contrario requiere inversiones en equipos e infraestructura”, argumentó.

En ese sentido, el exsuperintendente explica que la aplicación de una norma inexistente como con la que asegura la Contraloría basó el fallo, contradice de plano la naturaleza aseguradora de la EPS.

También le puede interesar: Multimillonario desfalco de Guillermo Grosso a Saludcoop

Asimismo, considera que esto limitría las posibilidades que tienen de innovar, y competir entre sí, que es el principio del Sistema bajo la Ley 100.

“Condenar fiscalmente a funcionarios honestos con base en interpretaciones fundadas en el deseo ideológico del funcionario de control, y no en el texto de la ley, es otra equivocación”, agregó Morales

Tercer argumento

En tercer lugar, Morales considera que la Contraloría supone que los superintendentes son responsables fiscales de cualquier decisión gerencial que tomen las entidades vigiladas, “eso es convertir al supervisor en coadministrador de sus vigilados”, indicó.

Cuarto argumento

Finalmente, el exsuperintendente explica que la orden de cesar pagos al sector financiero, por parte de una Superintendencia de Salud, congelaría cualquier posibilidad de que los actores del Sistema acudan al mecanismo universalmente aceptado para crear capital y promover inversión.

“El impacto de una decisión como esa frenaría el flujo de recursos desde el sector financiero a un sector que los necesita y cuyo beneficio es para toda la población colombiana”, finalizó Morales.

Conclusiones y cuestionamientos de Morales

Gustavo Morales concluyó que si aceptara la tesis de la Contraloría, faltaría explicar por qué la Superintendencia Financiera no objetó en su momento, antes de su llegada al cargo, esos contratos.

Además se cuestionó si no sería más fácil entonces que los dos bancos mencionados devolvieran el dinero que “sin protestar” recibieron durante todos esos años.

“Por supuesto, no lo harán ni tienen porque hacerlo, pues ningún juez de esos contratos los ha declarado ilegales o nulos. Las superintendencias no tienen tampoco esa facultad, y sería un peligro para la seguridad jurídica que la tuvieran”, agregó Morales, a quien se le hace responsable fiscal de $21.590 millones.

Finalmente, Morales hizo un llamado a la Contraloría para que no se viole el debido proceso y al principio de igualdad.

“No se entiende como solo se vinculan a unos superintendentes y no a todos los que incurrieron en la conducta descrita por la Contraloría. También las versiones libres practicadas fueron citadas por unos cargos y hemos sido condenados por otros”, argumentó Morales quien aseguró que espera que en segunda instancia “la Contraloría rectifique este exabrupto”.

Temas relacionados

Compartir Noticia

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Noticias destacadas
Más Noticias

Escríbanos y uno de nuestros asesores le contactará pronto

Reciba atención inmediata mediante nuestros canales oficiales aquí:

  • Lo sentimos, este producto no se puede comprar.
Tu carrito de compras está vacío.

Volver a la tienda