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Emiten fallo con responsabilidad fiscal por más de $91 mil millones por caso Saludcoop

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La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal de $91.133 millones por la desviación de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS) que se dio en la intervención de la EPS Saludcoop, entre el 2011 y 2013.

Fueron encontrados responsables fiscales solidarios los superintendentes Nacionales de Salud para la época de los hechos Conrado Adolfo Gómez Vélez y Gustavo Enrique Morales Cobo.

Igualmente, fueron encontraros responsables fiscales quienes actuaron entonces como agentes interventores: Wilson Sánchez Hernández, Mauricio Castro Forero y Guillermo Enrique Grosso Sandoval.

El fallo de la Contraloría

El fallo, proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, cobija además a la propia EPS Saludcoop hoy en liquidación, encontrada responsable fiscal por el valor total del fallo ($91.133.654.416).

La Contraloría determinó que, en vez destinarse al aseguramiento del riesgo en salud de los afiliados de Saludcoop, los recursos del SGSS se utilizaron para realizar gastos sin relación de causalidad con el objeto social de la EPS intervenida, tales como pagos a vinculados económicos y contratos de leasing (estos para comprar inmuebles y equipos médicos).

La cuantía inicial del fallo de responsabilidad es de $69.069 millones, que traído a valor presente (indexado) se convierte en $91.133 millones.

Medidas cautelares se mantienen

La Contraloría Delegada mantiene las medidas cautelares decretadas contra los responsables fiscales mencionados, que incluyen embargos a bienes inmuebles y cuentas bancarias.

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Se trata de un fallo de primera instancia y contra él proceden los recursos de reposición ante el despacho que profirió la decisión y el de apelación ante el Despacho del Contralor General.

Si el fallo queda en firme, los responsables fiscales serán incluidos en el Boletín de Responsables Fiscales, donde permanecerán hasta que resarzan el daño patrimonial.

La responsabilidad de los Exsuperintendentes y agentes liquidadores

Según informó la Contraloría General de la República, la responsabilidad individual por la desviación de recursos en intervención de Saludcoop se discrimina así:

  • Saludcoop EPS hoy en liquidación, responde por la cuantía total del fallo, es decir $91.133 millones.
  • Wilson Sánchez Hernández, agente Interventor de la EPS Saludcoop para la época de los hechos: $40.291 millones.
  • Mauricio Castro Forero, entonces Agente Interventor: $34.901 millones.
  • Gustavo Enrique Morales Cobo, entonces Superintendente Nacional de Salud: $21.590 millones.
  • Guillermo Enrique Grosso Sandoval, entonces Agente Interventor: $15.940 millones.
  • Conrado Adolfo Gómez Vélez, entonces Superintendente Nacional de Salud: $9.900 millones.

Conductas gravemente culposas

A los agentes interventores de Saludcoop declarados responsables fiscales (Wilson Sánchez, Mauricio Castro y Guillermo Grosso), la CGR les atribuyó conducta gravemente culposa.

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La Contraloría consideró que los mismos prefirieron realizar estas erogaciones, extrañas a la finalidad constitucional de los recursos del SGSS y al objeto social de la EPS, sobre otras que sí guardaban relación con el aseguramiento en salud y la garantía de la prestación del servicio a los afiliados, como las acreencias de los prestadores y proveedores, donde en muchos caso se incurrió en mora.

También se les atribuyó una conducta gravemente culposa y omisiva a los exsuperintendentes de Salud, Conrado Gómez y Gustavo Morales.

En el caso de los exsuperintendentes se les atribuyó la conducto por no emitir órdenes y actuaciones inmediatas para corregir y evitar los desvíos de dineros del SGSS que eran de su conocimiento, como es el pago por contrato de leasing Bancolombia, en el primer caso, y leasing Banco de Occidente y pagos a vinculados económicos (Epsifarmay y Corporación IPS Saludcoop), en el segundo.

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119 países sufren por insuficiencia en el suministro de sangre

Esa es la conclusión de una revisión de un nuevo estudio que mide la brecha entre la oferta y demanda mundial de sangre.

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El suministro total de sangre a nivel mundial está alrededor de 272 millones de unidades. En 2017 la demanda mundial total fue de cerca de 303 millones de unidades, lo que refleja un déficit de casi 30 millones de estas.

Esa es la conclusión de un estudio publicado en la revista The Lancet Haematology para estimar la brecha entre la oferta y la demanda mundial de sangre. Según el estudio de los 195 países del mundo, 119 reportan suministro insuficiente, el déficit ascendió a más de 100 millones de unidades, lo que equivale a unas 1.849 unidades por cada 100.000 personas.

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Es por ello, y considerando la evidencia de este déficit que la Organización Mundial de la Salud (OMS), hizo énfasis  en que, por cada 1.000 personas en cualquier país, se necesitan de 10 a 20 donantes para proporcionar suministros adecuados. Sin embargo, los nuevos hallazgos sugieren que se subestima el volumen real de sangre necesario para muchos países. Los investigadores proponen entre los objetivos que la donación debería variar de acuerdo a cada país y según el tipo de enfermedad prevalente.

Carga de morbilidad entre países

Además, el artículo enfatiza que los países de ingresos más bajos presentan una demanda relativamente menor en comparación con los países de ingresos altos, lo que puede atribuirse a una disminución en la carga de morbilidad por lesiones y enfermedades crónicas, señalan los autores. Sin embargo, también calcularon que estos países tienen las mayores carencias de suministro. Por lo tanto, el abastecimiento de sangre total y de los tres componentes derivados de la misma, glóbulos rojos, plaquetas y plasma, varía considerablemente de un país a otro.

Según esta revisión, en la mayoría de los países de ingresos altos, la oferta pudo satisfacer la demanda. Por ejemplo, se estimó que Dinamarca tenía el mayor abastecimiento de los tres componentes sanguíneos, con 14.704 unidades de productos sanguíneos por cada 100.000 personas. En cambio, Sudán del Sur tuvo el suministro más bajo, con 46 unidades por cada 100.000 habitantes.

Transfusiones de sangre

Las causas de las transfusiones de sangre también variaron regionalmente. La demanda en los países de ingresos altos se debió principalmente a lesiones y enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, en Europa Central, casi 30% de las transfusiones se hicieron para tratar lesiones, 1.716 unidades por cada 100.000, y más del 20% para patologías cardiovasculares 1.283 por cada 100.000.

Los investigadores también mencionan que por ejemplo en el África subsahariana meridional y Oceanía, más del 20% de las transfusiones fueron para enfermedades respiratorias y tuberculosis, 789 por cada 100.000 en el África subsahariana meridional y 858 en Oceanía. En el África subsahariana occidental, oriental y central, más del 10% de las necesidades totales se referían a deficiencias nutricionales, incluidas las de hierro, más de 300 unidades por cada 100.000 habitantes.

Ante la evidencia acumulada, los autores son enfáticos en señalar que para satisfacer la demanda en 2017, los 195 países tendrían que haber superado el objetivo de la OMS de 10 a 20 donaciones por cada 1.000 personas. Suponiendo que se puedan obtener alrededor de 1.5 unidades de componentes sanguíneos de una donación, 40 países requerían más de 30 donaciones, mientras que cuatro en Europa oriental requerían más de 40 donaciones por cada 1.000 habitantes.

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Panorama del gasto per cápita de las farmacias frente al de la OCDE

Nuevo informe presentado por la OCDE muestra como están los diferentes países en términos de gastos per cápita en salud.

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Nuevo informe presentado por la OCDE muestra como están los diferentes países en términos de gastos per cápita en salud.
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Proyecto que otorga beneficios a niños con cáncer pasó primer debate

Ley Jacobo establece que las modificaciones en la red de prestadores de la EPS no afectarán la prestación de los servicios en menores con cáncer.

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Con nueve votos a favor se aprobó en primer debate el proyecto de ley que garantiza la prestación de los servicios de salud  de oncopediatría y se declara atención prioritaria a los menores con cáncer, iniciativa conocida como la Ley Jacobo.

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Objetivos del proyecto

El objeto del proyecto es establecer medidas que hagan efectiva la protección del derecho fundamental a la salud de los menores de 18 años, con diagnóstico o presunción de cáncer, declarar su atención integral como prioritaria, garantizando el acceso efectivo a los servicios de salud de oncopediatría y fortaleciendo el apoyo social que recibe esta población.

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El senador Honorio Henríquez, ponente de la iniciativa, dio lectura al informe de la subcomisión, en el cual se propone la modificación en el título para reemplazar ‘urgencia médica’ por ‘atención prioritaria’, dado que son pacientes que se encuentran en riesgo inminente. Precisó, además, que el artículo primero se deja igual; en el artículo segundo denominado prioridad y giro directo a prestadores de servicios de salud de menores con cáncer, se declara que “el prestador de servicios de salud de menores con cáncer, sin importar el régimen de afiliación del menor, tendrá prelación en el pago de su facturación. Las modificaciones en la red de prestadores de la EPS no afectarán la continuidad en la prestación de los servicios a estos pacientes. Y en el artículo tercero se incluye el término de “atención prioritaria y continuada”.

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