La Contraloría General de la República confirmó un hallazgo fiscal por más de $80.631 millones de pesos contra el exinterventor de la EPS Saludcoop, Guillermo Grosso Sandoval, tal como se había evidenciado en una auditoría concluida a finales de 2016, de vigencia 2015, a la entonces intervenida empresa, hoy en liquidación. EPS Saludcoop entró en liquidación forzosa el 1 de diciembre de 2015, luego de ser intervenida.
La conclusión general del informe técnico de la Contraloría, concluyó que:
“De acuerdo con el análisis de la información suministrada y el acervo probatorio obtenido se evidencia que los gastos de administración causados por la Entidad Promotora de Salud SALUDCOOP EPS OC En Intervención, para el periodo 1 de Enero a 31 de Noviembre de 2015 ascienden a cuatrocientos cuatro mil ochocientos ochenta y nueve millones setecientos cincuenta y un mil seiscientos ochenta y nueve pesos con noventa y dos centavos ($404.889.751.689,92), representando el 15,4% de los ingresos por concepto de la Unidad de Pago por Capitación – UPC, superando el límite establecido en el artículo 23 de la Ley 1438 de 2011, para la inversión de los recursos provenientes del Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en un monto de ochenta mil seiscientos treinta y un millones trescientos treinta y cinco mil novecientos treinta y seis pesos con setenta y nueve centavos ($80.631.335.936.79)”.
La Contraloría evaluó el conjunto de actividades, económicas y jurídicas, adelantadas por las personas a cargo de las administración de los recursos públicos de la UPC, e identificó a Guillermo Enrique Grosso Sandoval como presunto responsable, ya que para la fecha de ocurrencia de los hechos actuaba en calidad de Agente Especial Interventor, con funciones de Representante Legal de Saludcoop EPS OC quien entonces se encontraba intervenida.
Los recursos del sistema no son propios de las EPS, sino que se trata de recursos públicos que deben destinarse a la prestación del servicio público de salud, por lo que no se pueden destinar a fines diferentes. Estos recursos debían haberse destinado a la prestación de servicios de salud a favor de los afiliados de la EPS y por el contrario fueron invertidos en gastos de administración.
Por la naturaleza de las irregularidades encontradas en la auditoría, se decidió llevar a cabo una Indagación, donde se concluyó el hallazgo.
PRUEBAS DE LA CONTRALORÍA
Dentro de las pruebas encontradas se encuentra un documento expedido por la Superintendencia Nacional de Salud por medio de la cual se informó sobre la composición de los gastos de administración de la EPS, para efectos de adelantar la cuantificación técnica y contable de dicho concepto, dentro de la normatividad contable vigente para la época.
Por otro lado el informe dado por la Revisoría Fiscal de Saludcoop EPS OC, para la vigencia 2015, en el ejercicio de su operación de prestadora de salud. Baker Tilly Colombia Ltda., dando fe pública en ejercicio de funciones de Revisor Fiscal de la EPS, ya había certificado el incumplimiento por parte de Saludcoop, del límite establecido en la Ley, en un periodo de tan sólo 11 meses de la vigencia 2015.
Adicionalmente la Contraloría pudo entonces evidenciar que Saludcoop EPS OC En Intervención no presentaba margen de utilidad derivada de los giros de la Unidad de Pago por Capitación – UPC, porque precisamente su realidad económica la había llevado a una intervención administrativa forzosa.
CONSECUENCIAS
Por la gravedad de los hechos evidenciados por la Contraloría, se ordenó el traslado del expediente no sólo a la dependencia competente, sino que la decisión fue comunicada por el Contralor General tanto al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, como al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
Para tales efectos, el propio Contralor en su condición de denunciante calificado, puso los hechos en conocimiento de Procuraduría y Fiscalía para que, en el marco de sus competencias y funciones, se adelanten las investigaciones penales y disciplinarias a las que haya lugar.
En respuesta a la decisión de la Contraloría General, el ministro de salud Alejandro Gaviria, calificó la situación como una confusión contable.
