Mediante el Decreto 500 de 2020, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, determinó ante la Emergencia Económica, Social y Ecológica por COVID – 19 en el país, las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL- de carácter público destinarán un porcentaje de los recursos de las cotizaciones para apoyar dicha eventualidad.
Distribución de los recursos
El 5% del total de la cotización se destinará para realizar actividades de promoción y prevención dirigidas a los trabajadores de las empresas afiliadas que, por cuyas actividades desempeñadas están directamente expuestos al contagio del virus, para la compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes preventivos y diagnósticos. Dicha población incluye a trabajadores de la salud (asistenciales, administrativos y de apoyo), personal de aseo, vigilancia y alimentación, relacionados directamente con la prestación del servicio de salud. También se incluyen trabajadores de terminales de transporte aéreo, marítimo y terrestre, control fronterizo, cuerpo de bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.
Por su parte, del 92% de las cotizaciones que reciban las ARL, por lo menos el 10% de todas estas, deben ser destinadas a campañas de promoción, educación y prevención que garanticen que sus empresas afiliadas cumplan con el desarrollo del nivel básico del plan de trabajo anual en su programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Así mismo, un 1% irá a favor del Fondo de Riesgos Laborales y otro 2%, correspondería a actividades de emergencia e intervención y para la compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes preventivos y diagnóstico dirigidos, como se mencionó anteriormente, a trabajadores de la salud (asistenciales, administrativos y de apoyo), personal de aseo, vigilancia y alimentación, relacionados directamente con la prestación del servicio de salud, así como el personal de terminales de transporte aéreo, marítimo y terrestre, control fronterizo, cuerpo de bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.
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Finalmente, el documento indica que las ARL de carácter público deberán presentar, en noviembre de este año, un informe detallado a la Superintendencia Financiera sobre la destinación de dichos recursos.
