Mediante un comunicado la Superintendencia Nacional de Salud dio a conocer la apertura de un proceso sancionatorio a título personal del representante legal de la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó, Ambuq EPS, Luis Ernesto Valoyes.
La decisión que tomó la Supersalud fue dada debido al presunto incumplimiento de las instrucciones impartidas en la medida cautelar que ordenó remover, de manera inmediata, las barreras que impedían a 255 usuarios acceder a servicios de salud requeridos.
A corte del 30 de abril de 2020, Ambuq EPS tendría abiertos y sin resolver 45 casos del total de reclamaciones formuladas contra esta entidad promotora de salud, aun cuando se confirió el término de dos días para una solución de fondo, según explica la resolución 8013 del 23 de junio del presente año.
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De acuerdo con Andrés Evelio Mora Calvache, superintendente delegado para los Procesos Administrativos de la Supersalud, las investigaciones presentadas contra Ambuq EPS tienen como objetivo asegurar la prestación integral de los servicios de salud de sus usuarios.
Ambuq: Nuevos procesos sancionatorios
Así mismo, mencionó que en la lupa de la Superintendencia Nacional de Salud se encuentran adelantados procesos sancionatorios contra los representantes legales de las EPS Medimás, Coomeva, Convida y Comparta.
“La medida cautelar es una herramienta que se adopta para garantizarle a los usuarios del sistema los servicios de salud, por lo que la Superintendencia hace seguimiento a su cumplimiento para iniciar las investigaciones administrativas sancionatorias en contra de quienes incumplan las órdenes impartidas por este medio, en ejercicio de las facultades conferidas en la ley 1949 de 2019, que fortaleció la capacidad sancionatoria de la Entidad”, añadió Mora Calvache.
El funcionario enfatizó que, de comprobarse la responsabilidad del investigados, podrían imponerse sanciones a título personal que van desde los 50 hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) e incluso, la remoción del cargo e inhabilidad hasta por 15 años para el ejercicio de cargos relacionados con la administración de recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
