Los pronunciamientos de la Corte Constitucional de los últimos días, Autos 2049 de 2024 y 007 de 2025, sobre el desfinanciamiento del sistema de salud en sus dos componentes, Unidad de pago por capitación (UPC) y Presupuestos máximos, reconocen los argumentos de quienes hemos advertido un problema estructural en el presupuesto de la salud y ordenan volver al escenario técnico para realizar los cálculos que se requieren para asegurar financieramente la atención en salud de todos los colombianos.
Con responsabilidad hemos insistido desde ACEMI en los últimos meses sobre la gravosa incidencia que ha tenido la subestimación del presupuesto de la salud, en la atención a los pacientes, el correcto flujo de recursos que soporta la operación diariamente y sin duda en las finanzas de proveedores, prestadores y desde luego las EPS. Es una realidad que en los últimos años se ha reportado un incremento histórico de quejas y reclamos, así como de las tutelas, que reflejan una dificultad sistémica que afecta a los pacientes y usuarios todos los días.
Causas diversas han acrecentado esta crisis: el envejecimiento de la población, nuevas tecnologías, mayor expectativa de vida, un plan de beneficios amplio, entre otras, son preocupaciones permanentes. Los recursos destinados a la salud de los colombianos en los últimos años han sido insuficientes y esa es la principal causa de la crisis del sistema.
Durante meses la Corte Constitucional, a través de la Sala de seguimiento a las órdenes de la Sentencia T-760 de 2008, adelantó un ejercicio riguroso con todos los actores y recabó información concluyente y contundente sobre esta afectación para concluir, que es necesario proceder al recalculo de la UPC desde el año 2021 hasta 2025 inclusive y además reformular la metodología bajo la cual se está definiendo la prima de salud de toda la población y realizar un seguimiento constante al desempeño del sistema desde su financiamiento.
Desde ACEMI destacamos la relevancia de estas decisiones y reiteramos nuestro compromiso para acudir a todos los espacios técnicos, que además nosotros hemos solicitado e insistido en diferentes instancias ante el gobierno nacional. La discusión sobre el financiamiento del sistema es técnica y merece, por la vida y la salud de los colombianos, que se acoja con suficiencia de elementos, conocimiento, rigor y juicio. El correcto financiamiento del sistema es una decisión que beneficia a todos los colombianos, asegura su derecho a la salud en los términos que establece la Constitución y nos compromete a todos los actores, Gobierno nacional, aseguradores, prestadores, proveedores y pacientes.
Celebramos esta decisión que permite avanzar en la recuperación de un sistema que tantos colombianos defendemos como el mayor avance social de los últimos años.
