ADRES Nace el Banco de la Salud - Decreto 1429 de 2016 - Ultima Hora - CONSULTORSALUD
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ADRES Nace el Banco de la Salud – Decreto 1429 de 2016 – Ultima Hora

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Recordemos que el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015 creó la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) ADRES, como una Entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, encargada de administrar los recursos que hacen parte del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), los del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (FONSAET), los que financien el aseguramiento en salud, los copagos por concepto de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios del Régimen Contributivo, los recursos que se recauden como consecuencia de las gestiones que realiza la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

 

DECRETO 1429 DE 2016 – ADRES “El Banco de la Salud”

 

El Gobierno acaba de publicar el Decreto 1429 de 2016 (Descárguelo al final de este articulo), cuyo objeto es administrar los recursos a que hace referencia el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015 y los demás ingresos que determine la ley; y adoptar y desarrollar los procesos y acciones para el adecuado uso, flujo y control de los recursos en los términos señalados en la citada Ley, en desarrollo de las políticas y regulaciones que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.

 

FUNCIONES DE ADRES

 

Son funciones de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud —ADRES, las siguientes:

 

1. Administrar los recursos del Sistema, de conformidad con lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley 1753 de 2015 y las demás disposiciones que la reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.

2. Administrar los recursos del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (FONSAET) creado por el artículo 50 de la Ley 1438 de 2011 y modificado por el artículo 7° de la Ley 1608 de 2013.

3. Efectuar el reconocimiento y pago de las Unidades de Pago por Capitación y demás recursos del aseguramiento obligatorio en salud, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional o el Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de sus competencias.

4. Realizar los pagos, efectuar giros directos a los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud, de acuerdo con lo autorizado por el beneficiario de los recursos, y adelantar las transferencias que correspondan a los diferentes agentes del Sistema.

5. Adelantar las verificaciones para el reconocimiento y pago por los distintos conceptos, que aseguren el buen uso y control de los recursos.

6. Desarrollar los mecanismos establecidos en los artículos 41 del Decreto-Ley 4107 de 2011 y 9 de la Ley 1608 de 2013.

7. Administrar la información propia de sus operaciones, de acuerdo con la reglamentación expedida para el efecto por el Ministerio de Salud y Protección Social, en los términos señalados en las Leyes 100 de 1993 y 1438 de 2011 y en el Decreto – Ley 4107 de 2011 y las demás disposiciones que la reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.

8. Adoptar y proponer los mecanismos que se requieran para proteger los recursos que administra la Entidad, con el fin de evitar fraudes y pagos indebidos, sin perjuicio de las directrices que imparta para el efecto el Ministerio de Salud y Protección Social y la Junta Directiva.

 

ESTRUCTURA DE LA ADRES SEGÚN EL DECRETO 1429 DE 2016

 

Para el desarrollo de sus funciones la Administradora de los

Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, tendrá la

siguiente estructura:

 

1. Junta Directiva

2. Dirección General

2.1. Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos

2.2. Oficina Asesora Jurídica

2.3. Oficina de Control Interno

3. Dirección de Gestión de los Recursos Financieros de Salud

4. Dirección de Liquidaciones y Garantías

4.1. Subdirección de Liquidaciones del Aseguramiento

4.2. Subdirección de Garantías

5. Dirección de Otras Prestaciones

6. Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones

7. Dirección Administrativa y Financiera

 

PERÍODO DE TRANSICIÓN DECRETO 1429 DE 2016

 

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud — ADRES asumirá la administración de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud a partir del 1° de abril de 2017. A partir de la publicación del presente decreto y hasta la fecha señalada la Entidad deberá realizar las acciones necesarias para asumir las citadas funciones.

 

CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENTES – EL FIN DEL FOSYGA

 

Los contratos y convenios celebrados por la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social vigentes a 1° de abril de 2017 y cuyo objeto corresponda a las funciones y actividades propias la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, se entienden subrogados a ésta, la cual continuará con su ejecución en los mismos términos y condiciones, sin que para ello sea necesaria la suscripción de documento adicional alguno.

 

PARÁGRAFO.

La liquidación de los contratos de encargo fiduciario, de interventoría al contrato de encargo fiduciario y el de auditoría especializada al FOSYGA la adelantará un equipo de trabajo conformado por funcionarios de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES y del Ministerio de Salud y Protección Social. En la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, el proceso será liderado por quien establezca el Director General. Por el Ministerio de Salud y Protección Social participarán los funcionarios que designe el Ministro de Salud y Protección Social.

 

TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DECRETO 1429 DE 2016

 

Todos los derechos y obligaciones que hayan sido adquiridos por la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la administración de los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA y del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud – FONSAET, se entienden transferidos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES.

 

REFERENCIAS NORMATIVAS DECRETO 1429 DE 2016

 

A partir de la fecha en la cual la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, asuma la administración de los recursos del sistema, cualquier referencia hecha en la normatividad al Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA, a las subcuentas que lo conforman o a la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social se entenderá a nombre de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES

 

DECRETO 1431 DE 2016 PLANTA DE PERSONAL ADRES

 

De manera adicional ha sido expedida la Resolución 1431 de 2016 que establece la planta de personal de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud — ADRES

 

El Director General de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, distribuirá los cargos de la planta global a que se refiere el artículo 1 del presente decreto, mediante acto administrativo y ubicará el personal teniendo en cuenta la estructura, las necesidades del servicio, los planes y programas de la Entidad.

 

EMPLEOS NUEVOS – DECRETO 1431 DE 2016

 

Los empleos creados en el presente Decreto se proveerán, en primer lugar, mediante la incorporación directa de los servidores de la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social, cuyos cargos sean suprimidos y que cumplan con los requisitos y competencias laborales requeridas para el desempeño de los cargos, atendiendo las equivalencias que señalará el Gobierno Nacional para el efecto. Los demás empleos de la planta de personal se proveerán de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia.

 

Descargue el decreto 1429 y el decreto 1431 de 2016 a continuación:

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Empleador no puede acceder a historia clínica de empleados

“El empleador no se encuentra incluido dentro de las personas que pueden acceer a la historia clínica”, ese fue el concepto que emitió el Ministerio de Salud y Protección Social ante la consulta de un ciudadano.

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Acceso a historia clínica empleador

“El empleador no se encuentra incluido dentro de las personas que pueden acceer a la historia clínica”, ese fue el concepto que emitió el Ministerio de Salud y Protección Social ante la consulta de un ciudadano quien preguntó sobre el acceso a este documento por parte de terceros.

El ciudadano formuló un interrogante que tiene relación con la reserva de la cual goza la historia clínica y el acceso a la información contenida en dicho documento, por parte de terceros, además indagó sobre cómo revocar una autorización otorgada al empleador.

Como punto de partida el Ministerio precisa que según el artículo 34 de la Ley 23 de 1981, “la historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la Ley”.

En la respuesta a la pregunta del ciudadano, el Ministerio cita el artículo 14 de la Resolución 1715 de 2005, el cual establece de manera taxativa quienes se encuentran en la facultad de conocer la historia clínica.

“ARTÍCULO 14. Podrán acceder a la información contenida en la historia clínica, en los términos previstos en la Ley: 1) El usuario. 2) El Equipo de Salud. 3) Las autoridades judiciales y de Salud en los casos previstos en la Ley”, estipula la Resolución 1715 de 2005.

Concepto final

Como puede observarse, de acuerdo con la normativa expuesta por el Ministerio de Salud, existe un carácter de reserva legal que protege la historia clínica, así mismo, dicha normativa determina las personas que pueden acceder a la información contenida en esta, “en este sentido conforme a lo estipulado en el numeral 4 de la Resolución 1715 de 2005, vale la pena señalar que el empleador no se encuentra incluido dentro de estas personas”, acotó el Grupo de Consultas del Ministerio.

Por otra parte, y teniendo en cuenta el problema jurídico planteado por el ciudadano, el cual se encuentra encaminado a la posibilidad de cancelar la autorización de acceso a la historia clínica otorgada a su empleador, el Ministerio aclara que el empleado puede hacerlo en cualquier momento.

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“En derecho las cosas se deshacen como se hacen”, respondió el Ministerio de Salud. Lo anterior quiere decir, que si se autorizó el acceso a la historia clínica de manera escrita en favor del empleador, de la misma manera se puede disponer el cese de esa autorización.

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IPS que pueden acceder al giro previo por accidentes sin SOAT

La ADRES dio a conocer las IPS que pueden acceder al mecanismo de giro previo del pago de reclamaciones por atenciones médicas de accidentes de tránsito con vehículos “fantasmas” o sin SOAT.

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Giro previo accidentes sin SOAT

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) dio a conocer las IPS que pueden acceder al mecanismo de giro previo del pago de reclamaciones por atenciones médicas de accidentes de tránsito con vehículos “fantasmas” o sin SOAT.

Cuando ocurre un accidente con un carro ‘fantasma’, es decir que no fue identificado, o de un vehículo sin SOAT, el Estado, a través de la ADRES, cubre los gastos médicos de los afectados hasta por 800 salarios mínimos diarios legales vigentes y las indemnizaciones por muerte y gastos funerarios por 750 salarios.

Asimismo, los familiares que demuestren el parentesco con las víctimas, así como los hospitales, clínicas o centros médicos que brindaron sus servicios de salud en estos siniestros, tienen hasta tres años para presentar sus reclamaciones ante la ADRES.

Teniendo en cuenta esto, la ADRES publicó esta semana el mecanismo, el formato y la lista de IPS que pueden acceder al mecanismo para el pago de reclamaciones por estos casos.

En ese sentido, la ADRES precisó que pueden hacer la reclamación, las entidades que se encuentren incluidas en la lista de IPS que pueden acceder al mecanismo de giro previo. En esta lista, que podrá encontrar adjunta al final de este documento, se incluyeron poco más de 400 Instituciones Prestadoras de Salud de todo el país.

El Formato

Además, las IPS que estén en la mencionada lista y busquen el giro previo del pago de reclamaciones por atenciones médicas de accidentes de tránsito con vehículos “fantasmas” o sin SOAT, deben allegar el formato adoptado para tal efecto por la ADRES.

El formado adoptado por la ADRES, que también encontrará adjunto al final de este artículo, deberá remitirse inicialmente al correo institucional [email protected]. El asunto de este correo debe decir: Solicitud Giro Previo – Nombre de la IPS reclamante – NIT de la IPS.

Sin perjuicio de lo anterior, las IPS deben radicar el formato original en medio físico en la Av. el Dorado C1 26 N° 69-76 Piso 17 Torre 1 de Bogotá, en los cinco días siguientes a la finalización del periodo de radicación.

La Metodología

Cabe recordar que en abril pasado el Ministerio de Salud estableció, mediante la resolución 849 de 2019, los criterios y la metodología con los cuales la ADRES podrá realizar los giros previos a la auditoría integral de las reclamaciones que le sean presentadas.

Para estimar el valor de giro, se efectuarán los cálculos conforme con lo establecido en el Anexo Técnico ‘Metodología para la validación de requisitos y cálculo del valor para giro previo’, que está incluido en la Resolución 849 de 2019, que también está anexa al final de este artículo.

Según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), a corte de 2018, en Colombia hay 14 millones de vehículos registrados y de ellos 6,2 millones no tienen el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), con lo cual el riesgo de que un carro genere un accidente y no tenga cómo responder se eleva exponencialmente.

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Corte Suprema precisó los términos para cambio de régimen pensional

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia SL1452 de 2019, estipuló algunos de los parámetros que deben tenerse en cuenta al momento de cambiarse de régimen pensional desde Colpensiones hacia un fondo privado.

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La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia SL1452 de 2019, estipuló algunos de los parámetros que deben tenerse en cuenta al momento de cambiarse de régimen pensional desde Colpensiones hacia un fondo privado.

Una de las principales conclusiones del fallo fue que cualquier persona que desee cambiar de fondo de pensiones tiene “derecho a recibir información oportuna y completa de cada régimen”, del fondo privado y estatal con el fin de facilitar la toma de decisiones. 

El caso en específico

La Sala Laboral de la Corte analizó el caso de Gloria Inés Restrepo Pérez, de 65 años, quien, en el 2008 con 55 años, inició los trámites para poder pensionarse con Colpensiones, pero la entidad respondió negativamente.

Restrepo Pérez inició sus cotizaciones en 1971 con el Instituto de Seguros Sociales (ISS), hoy llamado Colpensiones, pero en julio de 1995, con 42 años, pasó a cotizar con un fondo privado, Porvenir. Para 1997 Gloria volvió a cotizar con el Estado y en 2008, habiendo cumplido la edad de pensión, se encontró con la sorpresa de que aún no se podría pensionar.

La negativa se dio basándose en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual estipula que las mujeres con más de 35 años para 1994, como es el caso de Gloria Restrepo, tendrían como edad de pensión la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.

Para los afiliados al régimen solidario de prima media, como es el caso de Colpensiones, esa edad seguiría siendo de 55 años, sin embargo, cuando Restrepo se pasó a Porvenir, el fondo privado, perdió ese beneficio y su edad de pensión pasó a ser de 57 años.

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Ante la situación, Gloria Restrepo inició un proceso legal para revertir la situación, sin embargo, en primera instancia el Juez Noveno Laboral de Medellín, y en segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín, le dieron la razón a Porvenir y Colpensiones.

Debido a esto, Restrepo interpuso el recurso de casación para llevar el caso ante la Corte Suprema, quien podría revocar las instancias anteriores.

¿Qué dijeron Colpensiones y Porvenir?

En su defensa, Colpensiones aseguró que el pedido de nulidad del traslado de régimen no tenía fundamento, Gloria Restrepo argumentó una falta de asesoría e información, argumentando que “se trata de un error de derecho que no vicia el consentimiento”.

Por su parte, Porvenir señala que no es “razonable” el argumento de la demandante para pedir la nulidad, puesto que “si consideraba que su afiliación al régimen de ahorro individual fue perjudicial, no tiene sentido que permaneciera en el mismo entre 1995 y 2007, sin manifestar reparo alguno. Así, aduce que fue libre y voluntaria la decisión de trasladarse a Porvenir y luego retornar a ISS”.

¿Qué dijo la Corte Suprema?

Si bien la sentencia de la Corte aún no da un veredicto definitivo en el caso de Gloria Inés Restrepo, pues solicitó el historial de semanas cotizadas de la demandante para decidir, en el desarrollo del documento sí deja varios precedentes para el momento que una persona se cambie de régimen pensional.

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Estos precedentes serían de vital importancia en las 15 mil demandas que hay en el país por situaciones similares a la de Gloria Restrepo.

Deber de información de las Administradoras de Fondos de Pensiones

La sentencia SL1452 de 2019 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia determinó que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), desde su creación, “tenían la obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria, mediante la entrega de información suficiente y transparente que permitiera al afiliado elegir entre las diferentes opciones disponibles en el mercado, aquella que mejor se ajustara a sus intereses”.

En ese sentido, la Corte señala a las Administradoras de Fondos de Pensiones que no se trata de una carrera por capturar a los ciudadanos incautos mediante habilidades y destrezas en el ofrecimiento de los servicios sin importar las repercusiones.

Deber de asesoría y buen consejo

Por otra parte, la Corte indica que el nivel de exigencia para las AFP ha aumentado, pues ya no basta con dar a conocer las opciones del mercado, sino que implicar dar “asesoría y buen consejo”.

Esto implica que las AFP deben tener en cuenta el estudio de los antecedentes del afiliado (edad, semanas cotizadas, núcleo familiar), sus datos relevante y expectativas pensionales, para que el afiliado puede hacerse a un concepto, que además debe ir acompañado “la opinión que sobre el asunto tenga el representante de la administradora”.

El deber de doble asesoría

La Corte Suprema de Justicia es clara al decir que, “hoy en día los usuarios del sistema pensional tienen el derecho a obtener información de asesores y promotores de ambos regímenes, lo cual se ha denominado la doble asesoría”.

La doble asesoría, explica la Corte, permite al afiliado formar un juicio imparcial sobre las características, fortalezas y debilidades de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las condiciones y efectos jurídicos del traslado.

En conclusión, de los anteriores apartados, la Sala Laboral de la Corte precisa que las AFP pasaron de tener un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, al de doble asesoría.

Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido el deber de información por parte de las AFP.

El consentimiento en un formulario no es suficiente

La Corte explica que en el cambio de la seguridad social, existe un verdadero e insoslayable deber de obtener un consentimiento informado, entendido como un procedimiento que garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen.

Es decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.

Como consecuencia de lo expuesto, la Corte señala que en la segunda instancia del proceso de Gloria Restrepo, el Tribunal de Medellín cometió un error jurídico al dar por satisfecho el deber de información con el simple diligenciamiento del formulario de afiliación, sin averiguar si en verdad el consentimiento allí expresado fue informado.

AFP deben demostrar que brindaron información adecuada

La Corte señala que la demostración de un consentimiento informado en el traslado de régimen es el que tiene la virtud de generar en el juez la convicción de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez.

Bajo tal premisa, frente al tema puntual de a quien le corresponde demostrarla, debe precisarse que si el afiliado alega que no recibió la información debida cuando se afilió, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente.

En consecuencia, si se argumenta que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento.

Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en la posición de hacerlo.

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