Revocatoria y contralores para las EPS Convida, Comfacundi, Dusakawi y Emdisalud

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Para la Procuraduría General de la Nación, las EPS Emdisalud, Convida, Comfacundi y Dusakawi deben ser objeto inmediato por parte de la supersalud de medidas cautelares de vigilancia especial, que exijan el cumplimiento de los compromisos adquiridos para proteger la salud y la vida de los afiliados, y preservar los recursos públicos administrados.

Procuraduría pide revocatoria de Habilitación de Emdisalud EPS

El ente de control estableció que la EPS tiene una deuda superior a los 153 mil millones de pesos, que lleva 8 años en un proceso de intervención que a la fecha no ha mostrado resultados de mejora, y no cuenta con la red necesaria para garantizar la prestación de servicios en los 12 departamentos donde hace presencia.

La Procuraduría señaló que 453.524 usuarios de la Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud – Emdisalud-, se encuentran en riesgo ya que la entidad tiene graves deficiencias en la función de aseguramiento y garantía de la prestación de los servicios de salud, por no contar con los escenarios e instalaciones adecuadas para brindar la debida atención.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Entidad advirtió la imposibilidad jurídica y la inconveniencia de seguir prorrogando, por años, las medidas de vigilancia especial, por lo que pidió a la Supersalud adoptar medidas definitivas de revocatoria de la habilitación, o la intervención forzosa administrativa, para administrar, o para liquidar la EPS.

Remoción de revisores fiscales y nombramiento de contralores para las EPS Convida, Comfacundi y Dusakawi

La Procuraduría solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud medidas cautelares de vigilancia especial para proteger los derechos de 842.460 usuarios del sistema de salud, pertenecientes a las EPS Dusakawi (211.319), Comfacundi (111.466) y Convida (519.675), que podrían estar en riesgo.

Dentro de las acciones adelantadas por el Ministerio Público se habrían encontrado evidencias que permitirían establecer que habría incumplimiento de las condiciones financieras establecidas, límite de gastos, falta red de servicios médicos asistenciales en uno o varios niveles de complejidad, alto número de tutelas y embargos y fallas en los programas preventivos.

El Ministerio Público solicitó que la remoción de los revisores fiscales de cada EPS y el nombramiento de contralores que vigilen directa y permanentemente la atención a los usuarios, la administración de recursos y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas como entidades prestadoras de salud, de acuerdo con la normatividad vigente.

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