¿Mico en ley de residentes médicos?

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Los médicos que estudian para convertirse en especialistas, conocidos como residentes, libran una dura batalla contra el sistema de salud y el sistema educativo colombiano, promoviendo un proyecto de ley que busca una remuneración justa por el trabajo que realizan en hospitales y clínicas mientras se forman en una especialidad médica.

El proyecto de ley 272 de Residencias Médicas remuneradas ya fue aprobado por la Cámara de Representantes. Esta ley la vienen promoviendo desde mayo de 2017 con el apoyo de la Federación Médica Colombiana (Fmc), la Asociación Nacional de Internos y Residentes (Anir), la Asociación Colombiana Médica Estudiantil (Acome), la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame), la Asociación de Sociedades Científicas de Colombia (Ascemcol) y el Colegio Médico Colombiano, con el aval de la doctora Sara Piedrahita y el apoyo del senador Roy Barreras. 

A punto de llegar el último debate y ser aprobado, en un comunicado los promotores de la iniciativa señalan a la Asociación Colombiana de Clínica y Hospitales como la responsable de “una frase que desvirtúa el objeto del proyecto”.

"El artículo insertado dice que la regulación de la matrícula que debe pagar el residente incluirá los costos administrativos de las universidades y de las IPS (clínicas y hospitales)". Es decir, se cambia una ley de remuneración del residente por una ley de financiación adicional e injusta para beneficiar a los hospitales y clínicas, que no solo han desconocido el pago legal al que tiene derecho el residente por su trabajo, sino que se han apropiado del dinero que facturan por los servicios que presta el profesional en formación” afirma el comunicado.

Adicionalmente dejan claro en el comunicado que el objetivo de la ley original era cerrar ese círculo de negocio y explotación que ha menoscabado la calidad de la formación médica, debido a que únicamente los profesionales con las mejores condiciones socioeconómicas pueden acceder a una residencia.

El proyecto de ley que se discute en el Congreso plantea que el Estado pague una remuneración equivalente a tres salarios mínimos a cada residente, suma inferior a la que obtiene el sistema con el trabajo, la docencia e investigación que hacen los médicos residentes.

El comunicado concluye afirmando que “Sin embargo, con el mico incluido por la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, y que pretende que la matrícula abarque un rubro para los gastos de las IPS, no solo se cambia el objeto de la ley, sino que se profundiza y se legaliza una injusticia, una práctica viciosa de explotación y esclavitud en pleno siglo XXI”.

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