Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022

Salud pública y resultados en salud
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CONSULTORSALUD entrega el acceso completo al documento que aborda aspectos en la construcción de una visión de largo plazo del sistema de salud, y en general de los sectores de la vida nacional (descárguelo al final), centrada en la atención de calidad al paciente, con cobertura universal sostenible financieramente y acciones de salud pública consistentes con el cambio social, demográfico y epidemiológico que enfrenta actualmente Colombia.

Diagnóstico de logros y retos de sistema de salud colombiano

El SGSSS cuenta con avances significativos que pueden sintetizarse en cuatro dimensiones:

  1. Cobertura poblacional que hoy alcanza 46,5 millones de colombianos afiliados (95% del total 1).
  2. Cobertura de servicios, con un único plan de beneficios que comprenda un gran espectro de tecnologías y un sistema de financiación complementario para aquellas no gestionadas a través de este mecanismo.
  3. Protección financiera, evidenciada a través de un gasto de bolsillo de 15,9%, el segundo de la región después de Uruguay (13,8%) y muy inferior al de países como Brasil (31,4%) o Chile (33%).
  4. Contribución del sector salud a la reducción de la pobreza multidimensional, siendo atribuibles 4 de los 12,6 puntos porcentuales de disminución 2010-2016, como consecuencia de la mejora en el acceso a servicios de salud y aseguramiento en salud.

El SGSSS carece de una visión de largo plazo que reúna a la población y a los actores del sistema en torno a un acuerdo social respecto al diseño institucional del sistema de salud colombiano, el cual, si bien será liderado por el Gobierno Nacional, deberá contar con una amplia participación de actores y representantes sociales del sector para que cuente con la legitimidad requerida.

Simultáneamente a la construcción del acuerdo, es necesario fortalecer la capacidad del Estado para el ejercicio de la función de rectoría y gobernanza del sistema, la cual requiere especialización y neutralidad para garantizar la transparencia en las transacciones que tienen lugar en el sistema de Salud.

A pesar de lo anterior, existe una gran dispersión de capacidades y retos que enfrentan las entidades territoriales, asociados al hecho de que, en muchos casos, las competencias de los distintos niveles de gobierno no están claramente definidas, existe una falta de estandarización de procesos o requieren asistencia técnica que no se les está brindando, lo que no lleva a un desarrollo óptimo de muchas de las acciones implementadas. Asimismo, en el marco del esquema de aseguramiento, existe campo para optimizar procesos relacionados con la unificación de regímenes de salud y la necesidad de hacer transparentes las relaciones de integración que puedan existir entre los agentes para facilitar la labor de IVC.

Salud pública y resultados en salud

Salud pública y resultados en salud 

Aunque se han presentado grandes avances en la identificación y priorización de problemáticas en salud a nivel territorial a través del Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) y el Análisis de Situación de Salud (ASIS), una de las principales limitaciones para la identificación del riesgo e intervención oportuna corresponde a la desconexión entre la gestión del riesgo a través del aseguramiento y la salud pública a nivel colectivo. De otro lado, la capacidad de gestión de los determinantes sociales y riesgos ambientales en el nivel territorial es limitada y lleva a considerar la necesidad de especializar a las entidades territoriales en aquellos aspectos prioritarios de la salud pública según sus características.

En cuanto a los resultados en salud, el aumento de la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio y crónicas, así como el aumento de la prevalencia de multimorbilidades definen las nuevas prioridades en salud pública. Lo anterior, sumado a un comportamiento individual relacionado con un inicio temprano de consumo de sustancias psicoactivas, baja actividad física, violencia y estrés, que son considerados determinantes críticos para salud física, mental y de bienestar, se traduce en un aumento de las enfermedades crónicas no trasmisibles. Más aún, la evaluación del estado de salud de la población debe tener en cuenta las disparidades territoriales; por ejemplo, mientras las enfermedades transmisibles están por encima de los indicadores nacionales en departamentos como Guainía, Amazonas, Vaupés, Vichada, Chocó, entre otros, en departamentos como Antioquia, Atlántico y Boyacá prevalecen las enfermedades crónicas no trasmisibles.

Articulación dentro del aseguramiento

En efecto, según datos del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), entre 2004 y 2017 la variación en la producción de servicios del tercer nivel en la red pública ha crecido en un 182%, en contraste con la variación en los servicios del primer nivel que fue de 39% para el mismo periodo. Para corregir lo anterior se desarrolló una política de atención integral en salud y un modelo operativo que puso en evidencia la necesidad de alinear los incentivos, y la gestión de riesgo individual y colectiva, entre las entidades territoriales, aseguradores y prestadores en torno a los pacientes y a las particularidades regionales. Sin embargo, la implementación del modelo no se ha dado con la celeridad requerida y existen dificultades en la delimitación de competencias entre los agentes. En particular, las entidades territoriales han visto que su capacidad técnica no se compadece de las, cada vez más exigentes, competencias en su papel de coordinación para una atención integral en salud.

Los retos en la prestación de servicios para mejorar la experiencia de los usuarios

La prestación de servicios enfrenta tres grandes problemáticas:

  • La ausencia de integralidad en las atenciones y la baja capacidad resolutiva en los prestadores primarios junto con la debilidad en la organización de los servicios.
  •  El acceso efectivo a los servicios de salud en las zonas aisladas y con población dispersa.
  • La prestación de servicios con calidad. En zonas aisladas no existen los incentivos para que el sector privado provea la oferta, dejando a cargo de esta función a la red pública lo que genera un desequilibrio en las condiciones de prestación asociadas al territorio.

En países de ingreso bajo y medio mueren más de 8 millones de personas por enfermedades que podrían haber sido tratadas a través de sus sistemas de salud, 60% de las cuales podrían haberse tratado médicamente. Además, se estima que un sistema de salud de alta calidad tiene el potencial de prevenir, cada año, 1 millón de muertes de neonatos, 50% de las muertes maternas, 2,5 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares y 900.000 muertes por tuberculosis (Lancet Global Health). Estas cifras resumen la importancia de un sistema de prestación centrado en la calidad. En el país, el tema se ha abordado desde la medición en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGC), desconociendo factores (p. ej.: talento humano, infraestructura, dotación, innovación, sostenibilidad financiera, etc.), que influyen sobre la prestación de servicios como núcleo fundamental de la calidad.

En este sentido, las principales dificultades relacionadas con el seguimiento a la calidad de los servicios son:

  • Rigideces en la normatividad para la habilitación de prestadores, que no consideran las particularidades territoriales y el potencial desarrollo de modelos innovadores de prestación de servicios.
  • Rezago en la normatividad de habilitación para las EPS que se ha centrado en lo financiero, dejando a un lado la gestión de riesgo en salud y por ende los resultados de salud.
  • Desarticulación del SOGC con otros sistemas de gestión.
  • Ausencia del desarrollo de incentivos a la calidad (i.e. modelos disruptivos de gestión que premien el mejor desempeño) y carencia de criterios de excelencia para las EPS.
  • Los rankingsde IPS y EPS no son una herramienta efectiva para la libre elección de los usuarios en función de la calidad.

Eficiencia y gestión de recursos financieros

En cuanto a la sostenibilidad financiera del sistema se destaca la creciente deuda que, pese a las medidas de saneamiento que se han tomado en los últimos años, no ha tenido el impacto esperado, constituyéndose esto como un riesgo para la oportunidad y la calidad de la prestación. Para 2018 se estiman deudas de EPS y entidades territoriales a IPS, entre 9,6 billones (según deudores) y 16,2 billones (según IPS) (MSPS, 2018). Sobresale el hecho de que más del 70% de la cartera es superior a 180 días según deudores y 76% según IPS acreedoras, aunque es importante resaltar que parte del inconveniente se debe a la proliferación de malas prácticas operativas de los agentes del sector que dificultan la identificación y descargue de deudas de sus estados financieros, y la falta de coincidencia en el reporte. Por otro lado, mitigar el crecimiento del gasto en los servicios y tecnologías no financiados por la UPC fruto de la innovación tecnológica y la garantía del derecho a la salud es otro de los retos del sector; en 2015 el monto de recobros por tecnologías no financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), presentados por las EPS ante el FOSYGA fue de $3,27 billones, mientras que para 2017 el monto presentado ante el FOSYGA (hoy Administradora de Recursos del SGSSS- ADRES) fue de $4,03 billones (ADRES, 2018).

Tampoco existen los incentivos suficientes para que los distintos actores se comprometan con las metas financieras del sistema y, a nivel de los individuos, persiste una desconexión entre los beneficios recibidos y su aporte al sistema. Lo anterior ha propiciado la omisión de la corresponsabilidad ciudadana con el financiamiento del sistema sustentado en la capacidad de pago, hecho que va en contra del principio de equidad sobre el cual se ha desarrollado el SGSSS.

Retos acumulados y emergentes del Sistema de Salud en Colombia

Retos acumulados y emergentes del Sistema de Salud en Colombia

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